Caracas, 3 mar (EFE).- El presidente venezolano, Hugo Chávez, dijo hoy que no tiene "nada" que explicar al jefe del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, respecto a la denuncia de un juez español sobre la supuesta cooperación de Caracas con una presunta alianza entre ETA y las FARC.

Chávez declaró que si Rodríguez Zapatero quiere explicaciones sobre el hipotético nexo de Venezuela con ETA-FARC aludido por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, que "se las pida a su canciller", Miguel Ángel Moratinos.

"Llama a Moratinos para que te explique lo que hablamos", dijo el jefe del Estado, en referencia a una conversación telefónica que mantuvo con el ministro español desde Montevideo, donde el lunes asistió a la toma de posesión del nuevo presidente uruguayo, José "Pepe" Mujica.
Chávez aseguró que antes de que Zapatero dijese que pedía explicaciones a Venezuela ya había hablado con Moratinos, quien le indicó que la denuncia era producto de una acción judicial independiente del Gobierno y del Rey de España.

En última instancia, añadió, "si (Zapatero) va a llegar al exabrupto de pedirle explicaciones a mi Gobierno por la conclusión irresponsable a que ha llegado ese juez (...) que mande una carta oficial".

Zapatero informó el lunes en Hannover de que Moratinos había hecho "las oportunas gestiones" ante Caracas para pedirle explicaciones respecto a la denuncia del juez Velasco y que "en función de esa explicación" actuaría Madrid.

"No tengo intención de dañar la relación con España (...) que es muy buena (...). Zapatero, te ruego que llames a tu canciller y aclares esto. De la actitud de su Gobierno (español) dependerán las relaciones con España", dijo Chávez este miércoles.

"Vea bien lo que va a decir (Zapatero)... Éste es un Gobierno que no apoya a ningún grupo terrorista. Lo nuestro es la paz, la cooperación", añadió.

Chávez señaló que no tenía que dar explicaciones porque el caso instruido por Velasco se basa en la supuesta computadora del dirigente de las FARC, Raúl Reyes, "asesinado por estas fechas en Ecuador hace dos años".

Aseguró que la computadora fue una creación del Gobierno colombiano el cual, según él, fue el que alimentó su disco duro con una serie de documentos ajustados a sus intereses y que, por lo tanto, no tienen ningún valor como prueba.

"El Gobierno de Colombia es el culpable en primer lugar: miente descaradamente cuando saca una supuesta computadora, la manipula y la manda a Interpol para atacarme a mi y al presidente ecuatoriano, Rafael Correa", declaró el mandatario.

Chávez sostuvo que la acción de Velasco forma parte del "juego de la extrema derecha europea" y también del "ataque intenso del imperio yanqui" contra la "revolución" bolivariana y socialista que lidera desde hace once años.

En posteriores declaraciones a la prensa, el canciller venezolano, Nicolás Maduro, afirmó asimismo que el Gobierno de Venezuela rechazaba las consideraciones del juez Velasco, del que dijo que está "vinculado a la derecha española, al PP" (Partido Popular, conservador).
También denunció una campaña mediática por parte de la prensa española contra Venezuela.

"Nada tenemos que ver con la banda terrorista ETA, ni hoy, ni nunca", dijo Maduro, en declaraciones en la sede de la Cancillería.
Sobre la conversación telefónica del lunes con Moratinos, el canciller venezolano afirmó que en esa llamada el ministro español dijo que no quería que "se dañaran las relaciones" entre los dos países por esta situación.

La polémica generada por la denuncia del juez Velasco ha surgido en un momento en que Caracas y Bogotá intentan recomponer sus maltrechas relaciones, tras la crisis derivada del acuerdo militar colombo-estadounidense que permite a militares de Estados Unidos utilizar al menos siete bases en Colombia.

El juez Velasco procesó el lunes a varios presuntos miembros de ETA y guerrilleros de las FARC por colaborar presuntamente para atentar contra altos cargos colombianos en España.

En el auto, Velasco aseguró que hay indicios de la "cooperación" del Gobierno de Venezuela en esa alianza, debido a que uno de los procesados es Arturo Cubillas, un presunto etarra que llegó a Venezuela en 1989.

En un comunicado, el mismo lunes, la Cancillería venezolana repudió el señalamiento del juez Velasco y recordó que Cubillas llegó a Venezuela en 1989 como parte de un acuerdo entre los Gobiernos de los entonces presidentes venezolano, Carlos Andrés Pérez, y español, Felipe González.

Cubillas, casado con una ciudadana venezolana que ha ocupado varios cargos públicos desde que Hugo Chávez llegó al poder en 1999, fue nombrado en 2005 director adscrito a la Oficina de Administración y Servicios del Ministerio de Agricultura y Tierras, y tiene nacionalidad venezolana.

Washington, 3 mar (EFE).- Caracas criticó hoy a EE.UU., España y a la CIDH de actuar en "concierto" para difamar y desestabilizar el Gobierno venezolano por dos recientes informes sobre la lucha contra las drogas y los derechos humanos y un auto en el que se acusa a ese país de supuestos vínculos con ETA y las FARC.

En una sesión ordinaria del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), el embajador venezolano, Roy Chaderton, utilizó la conmemoración del 21 aniversario de la revuelta social conocida como el "Caracazo" para arremeter sobre todo contra la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Pero también vinculó a EE.UU. y a España a la "ofensiva" contra el Gobierno del presidente Hugo Chávez.
"Detrás de estos ataques incesantes están los intereses de la dictadura global y la aplicación implacable de la agenda de (del ex presidente de EE.UU, George W.) Bush".

Chaderton mencionó el reciente informe del Departamento de Estado, en el que EE.UU. critica la falta de cooperación de Venezuela en la lucha contra el narcotráfico.

"Un alto funcionario del primer consumidor de droga acusa a Venezuela de ser utilizado como puente para el narcotráfico. Subestima nuestros esfuerzos (...) pero no arregla su propia casa", dijo el embajador, que también acusó a la CIDH de actuar con "prejuicios" por su reciente informe en el que afirma que Caracas "atenta" contra la democracia y los derechos humanos.

"Hay concierto", sentenció Chaderton, al referirse además al auto del juez de la Audiencia Nacional de España Eloy Velasco en el que acusa al Gobierno del presidente Hugo Chávez de haber colaborado para facilitar una alianza entre ETA y las FARC que tenían entre sus planes atentar en España contra altos cargos de Colombia.

Para el diplomático venezolano, Velasco "convalida las manipulaciones de una caja de pandora cibernética" y "vincula sin evidencias a Venezuela con ETA y las FARC".

También acusó al "Gobierno franquista del PP" de haber participado con el Gobierno de Bush en el derrocamiento del Ejecutivo bolivariano en 2002.

El observador permanente de España ante la OEA, Javier Sancho, recordó a Caracas el "estricto respeto" a la división de poderes que hay en su país, y recordó que el Gobierno del presidente José Luis Rodríguez Zapatero ha estado en contacto con el Ejecutivo venezolano sobre este caso.

Por otra parte, Chaderton recalcó que las reuniones que se produjeron entre las guerrillas colombianas de las FARC y el ELN y el Gobierno colombiano en Venezuela fueron a solicitud de Bogotá y que Caracas ha hecho grandes esfuerzos por liberar a los secuestrados por los rebeldes.

"El resto es mala fe, manipulación y conspiración internacional", dijo.

De acuerdo con Chaderton, "esta ofensiva alcanza su mayor intensidad cada vez que se acerca un proceso electoral" en su país.
"En 2012 celebraremos elecciones presidenciales; estaremos preparados para enfrentar la ofensiva internacional del lado del Potomac" (Washington), concluyó.

Chaderton criticó, además, la tardía acción de la CIDH en el caso del "Caracazo", los sucesos de la violenta revuelta social que el 27 de febrero de 1989 estalló en la capital venezolana y sus alrededores y se extendió durante tres días, y que ocurrió menos de un mes después del inicio del segundo Gobierno de Carlos Andrés Pérez (1974-1979 y 1989-1993).

La revuelta fue sofocada a tiros por el Ejército y la Policía, lo que dejó un saldo de entre 300 y al menos un millar de muertos, según diversas fuentes oficiales y de organizaciones humanitarias.

La CIDH recibió en marzo de 1995 una denuncia sobre este caso y emitió su informe de fondo en octubre de 1998. Lo trasladó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en junio de 1999, y en noviembre Venezuela reconoció su responsabilidad internacional.
La Corte dictó sentencia sobre el fondo y de acuerdo con una resolución de esta instancia de julio de 2009, Caracas solamente había cumplido con una de sus recomendaciones.
Destacó que en la CIDH existe un "producto adulterado de una fábrica universitaria de expertos en derechos humanos, financiados por la ultraderecha internacional militarista e infiltrados progresivamente en la CIDH como una mafia".

En este sentido, criticó también a la relatora para la Libertad de Expresión, la colombiana Catalina Botero quien, dijo, "arma ruidos súbitos ante quejas de la dictadura mediática venezolana", pero se "calla cuando se cierran en otras partes medios disidentes, incluido en su propia casa".
Chaderton consideró, asimis
mo, que en la CIDH el trabajo lo hace la "todopoderosa e intocable" Secretaría Ejecutiva, encabezada por Santiago Canton, que recibe "todas las denuncias de la oposición y las acumula con el propósito de hacer bulto".
Canadá, EE.UU., Argentina y Panamá, defendieron el trabajo de la CIDH, al igual que el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, quien recordó que fueron los propios países los que aprobaron la creación de este organismo.

Bogotá, 3 mar (EFE).- El Partido Popular (PP), el principal de oposición en España, consideró hoy que existen claros indicios de que miembros de ETA y de la guerrilla colombiana de las FARC se sienten "cómodos y arropados" por el "régimen" que lidera el presidente venezolano, Hugo Chávez.

El diputado y coordinador de Relaciones Internacionales del PP, Jorge Moragas, declaró en entrevista desde Madrid con la emisora colombiana RCN que su grupo ha pedido al Ejecutivo español que pida las explicaciones correspondientes a Venezuela sobre esa supuesta cercanía con ETA y las FARC.

El ministro español de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, afirmó el martes que el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, le expresó en una conversación telefónica que tiene "voluntad de cooperar" para aclarar la acusación de la Audiencia Nacional y su compromiso de despejar "plenamente" la dudas sobre su supuesta cooperación con ETA.

El dirigente del PP dijo hoy que "existen claros indicios de que miembros de la banda terrorista ETA se han sentido cómodos y arropados por ese régimen que anida una naturaleza claramente totalitaria".

Moragas agregó que, en ese sentido, es "comprensible, aunque inaceptable", que organizaciones terroristas como ETA o las FARC "puedan sentirse arropadas por el régimen que lidera Hugo Chávez".

Un auto judicial emitido el lunes que relaciona al Gobierno venezolano con ETA y las FARC ha creado una nueva polémica entre Venezuela y España, aunque, según Caracas, ninguno de los dos países tiene intención de que perjudique las relaciones bilaterales.
El diputado popular dijo que aunque el Gobierno de España ha dicho que desde Venezuela se está mostrando colaboración en ese tema, tiene "escepticismo" de que Chávez colabore.

"Venimos denunciando desde hace mucho tiempo una excesiva cercanía política entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de Hugo Chávez", afirmó.

Moragas añadió que siempre ha considerado que en el proyecto de Chávez anida "un germen claramente totalitario y antidemocrático" y por eso cuestiona que el Gobierno español que preside José Luis Rodríguez Zapatero esté "tan cerca de un proyecto de esta naturaleza".
El diputado popular se refería al auto del juez español de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, quien consideró esta semana que hay indicios de que el Gobierno de Venezuela "coopera" con una presunta alianza entre ETA y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Velasco procesó el lunes a seis presuntos miembros de ETA y a siete de las FARC por haber establecido una supuesta alianza para atentar en España contra altos cargos de Colombia, entre ellos el presidente Álvaro Uribe.